Entrevista a Dante Aguilar Onofre, Gerente General de AMSAC
La empresa estatal recuperó 700 hectáreas e impactó en la calidad de vida de nueve millones de personas.
La recuperación ambiental y el bienestar social se han convertido en el foco de la labor de la empresa estatal Activos Mineros (AMSAC), superando el concepto tradicional de remediación a 20 años de su creación.
Se alcanzó una ejecución presupuestal superior a 1,200 millones de soles y el cierre de más de 600 pasivos, sostuvo el gerente general de la entidad, Dante Aguilar, en una entrevista para el suplemento Económika.
La empresa estatal Activos Mineros (AMSAC) cumple 20 años, ¿cuáles fueron los principales logros alcanzados en este periodo?
–En estos 20 años creo que logramos algo más que remediación de pasivos, cambiamos ese esquema. Ya no se habla solo de la remediación, ahora se habla de recuperación ambiental, de sostenibilidad, de poner a las personas en el principal foco de nuestra atención.
Hubo una ejecución presupuestal importante que supera los 1,200 millones de soles; se cerraron más de 600 pasivos ambientales, algunos de ellos peligrosamente ubicados, como en cabeceras de cuenca o cerca de las microcuencas, los cuales, por su extensión, muchas veces representan un alto riesgo para el medioambiente y la salud de las poblaciones.
–¿Cuáles son los principales resultados alcanzados por AMSAC en lo que se refiere justamente a la recuperación de terrenos y remediación ambiental?
–Debemos entender que AMSAC es una empresa singular. No podemos compararla, por ejemplo, con una empresa privada o con otra entidad pública. AMSAC mejora condiciones que son, muchas veces, imperceptibles. A veces, la contaminación no se ve a simple vista, no se trata solo de material particulado o de la coloración del agua; hay materiales contaminantes que no se observan.
Nuestra labor se centra en mejorar las condiciones de vida, no solo de las comunidades más alejadas, sino también de las regiones.
Tenemos el caso de Cerro de Pasco e inclusive Lima. Cuando intervenimos la cuenca del río Rímac, se genera un beneficio sobre toda la población usuaria de esa cuenca.
Así, más allá de los 65 proyectos que tenemos en cartera y de los 1,200 millones de soles en presupuesto que se ejecutaron, se recuperaron alrededor de 700 hectáreas impactadas por la antigua minería, pero el principal logro es haber mejorado la calidad de vida de las personas y haber impactado de manera positiva en la salud pública. Por ello, nuestra labor va más allá de la remediación de pasivos; buscamos resolver un problema ambiental para resolver también un problema de bienestar de la población.
–En ese sentido, ¿cuántas personas percibieron esas mejoras en su medioambiente y en su calidad de vida?
–Contamos con una primera medición, una medición directa, con resultados que superan las 750,000 personas beneficiadas con las acciones de AMSAC.
Hace un par de años, iniciamos un estudio científico mediante el cual intentamos medir los beneficios que las labores que efectuamos generan en la población.
Actualmente, considerando el sistema de cuencas, podemos hablar de nueve millones de personas beneficiadas. Es un tema complejo, pues involucra mucha recolección de datos. Aún está por perfeccionarse, pero ese sería el primer reporte que tendríamos de personas beneficiadas con las labores desarrolladas por AMSAC en estos últimos 20 años.
–Recientemente se adjudicó la buena pro de la subasta pública para el reaprovechamiento de los relaves del Proyecto Quiulacocha a Cerro de Pasco Resources del Perú S. A. C. (CPR), ¿cuál será el impacto de este proceso?
–Este es el primer proyecto que sale bajo esa modalidad. Fue un gran reto para nosotros como empresa pública y, nuevamente, lo que se busca es una solución integral; no se trata de deshacernos de un pasivo, sino de dar solución a un problema público, a un problema de salud pública. Quiulacocha es una desmontera que ha acumulado residuos por aproximadamente 70 años. Registra alrededor de 75 millones de toneladas de material acumulado y, obviamente, constituye un riesgo para la salud de la población de Cerro de Pasco.
Este material particulado, la generación de aguas ácidas y otras consecuencias de la actividad minera en esa zona del país son un tema que debió ser atendido oportunamente por el Estado; hubo algunos temas regulatorios que impidieron que se realizase un proceso de remediación adecuado. En la actualidad, al Estado le puede costar alrededor de 550 millones de soles remediar estos pasivos. Por ello, con este proceso estructurado, mediante el cual se buscó una adecuada asignación de riesgos, se transfirieron muchas obligaciones a la empresa privada, y se busca compartir también los beneficios que se generarán por el reaprovechamiento de esta materia.
Estos beneficios también se estiman en más de 500 millones de soles. Por ello, si hacemos la suma de lo ahorrado más los beneficios que se obtendrán, estamos hablando de más de 1,000 millones de soles. Ese es el beneficio económico que se puede generar mediante este proceso.
–¿Qué otros proyectos hay de este tipo para el corto o mediano plazo?
–Trabajamos con el Ministerio de Energía y Minas (Minem); somos el brazo ejecutor de los proyectos que la institución prioriza sobre la base de criterios de cuidado ambiental y protección de bienestar de la población.
Así, tenemos algunos proyectos importantes que se ubican también en cuencas, como es el caso de la planta de tratamiento en Caridad, la cual se encuentra en las alturas de Huarochirí (Lima).
Tenemos el proyecto de remediación ambiental Santa Rosa II, que busca recuperar los ecosistemas afectados por la antigua unidad minera Santa Rosa II en Huancavelica; en febrero del año pasado culminamos las obras de remediación ambiental del proyecto Pushaquilca, ubicado en el distrito de Pampas, provincia de Pallasca, región Áncash; son inversiones considerables, pues cada uno de estos proyectos puede demandar más de 70 millones de soles.
–En el aspecto normativo, ¿qué temas se podrían resolver para dinamizar estos procesos?
–De hecho, se presenta un reto que es la articulación con el sector, es decir, tenemos que trabajar de manera muy cercana. Actualmente, trabajamos con el Minem en la modificación del reglamento de pasivos ambientales. Esto permitirá, por ejemplo, darle usos alternativos a los procesos de remediación; no hablamos solo de un cierre, sino también de generar otras actividades productivas, no necesariamente agrícolas o ganaderas, que se alineen con los objetivos de estabilidad física, química e hidrológica que buscamos.
A ello se sumaría también una modificación en todo el tema de reaprovechamiento de pasivos que podría ser importante para impulsar otro tipo de proyectos como el de Quiulacocha y permitir que se incorpore la intervención del sector privado en todo el proceso de remediación.
El proceso de reaprovechamiento debe entenderse como una modalidad de remediación; es decir, el privado intervendrá y podrá obtener algunos beneficios. Sin embargo, al final, lo que deja para el Estado es un ambiente recuperado con el cual se han eliminado los riesgos para la población.
–¿Qué papel juegan los minerales estratégicos o críticos en la remediación ambiental?
–En el plano internacional se registra una demanda creciente de minerales estratégicos o críticos. Todos los países hacen esfuerzos por asegurar el abastecimiento en los próximos años, y una fuente para la provisión de este tipo de materiales la constituyen precisamente los relaves antiguos. El Perú tiene la ventaja de contar con muchos de estos depósitos en gran parte de la zona andina. Por lo tanto, lo que representa una carga para el Estado en la materia de remediación puede convertirse en una oportunidad para el sector privado, a fin de que aproveche el valor que todavía contienen los residuos minerales.
Requerimos un marco normativo que asigne de manera adecuada los riesgos, que cree los incentivos para la participación del sector privado y otorgue también las garantías al Estado de que el proyecto sea viable y de que se logrará el fin público, que es la remediación ambiental.
Proyectos en cartera
El gerente general de AMSAC aseguró que la empresa cuenta con un inventario que es actualizado de manera periódica por el Minem.
“Este inventario tiene alrededor de 6,000 pasivos, de los cuales 1,200 fueron encargados a AMSAC”, afirmó.
Agregó asimismo que en los pasivos restantes hay algunos que tienen un ente responsable para la ejecución de algún proceso de remediación. “No obstante, el grueso sería la carga que todavía tiene que afrontar el Estado a futuro. Hay una cartera considerable de pasivos ambientales que debe ser atendidos”, precisó.
El funcionario anotó que, además de Cerro de Pasco, otra región que requiere una atención especial en el tema de remediación ambiental es Junín. “Por muchos años, la población de La Oroya fue afectada por actividades mineras que se desarrollaron en condiciones desfavorables”, manifestó.
AMSAC también tiene presencia en 11 regiones y, además, cuenta con proyectos que todavía están en evaluación o estudios para su intervención”, precisó.
Datos
En 2025, AMSAC alcanzó un hito histórico para la remediación ambiental del país con la recepción de obras del Proyecto Excélsior (Pasco), uno de los pasivos ambientales mineros más grandes de América Latina.
El año pasado, AMSAC fue reconocida en la edición global del Quality Sustainability Award 2025 (QSA Global), otorgado por la International Academy for Quality (IAQ), distinción que premia iniciativas de alto impacto en sostenibilidad, innovación y gestión responsable.
AMSAC ejecutó la iniciativa EcoChaki, orientada a la revegetación de especies altoandinas en un área de 2,000 metros cuadrados, adyacente al Centro de Investigación para el Desarrollo Sostenible, en Cerro de Pasco.
Fuente: El Peruano